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Jueves, 01/08/2013 - 21:15

Candidatos de la oposición van a la Justicia por veda y pacto con Chevron

Además de los actos proselitistas y clásicos cruces entre los candidatos, la campaña se anima también con visitas a Tribunales y denuncias.

Por ello, la Alianza Juntos Unen que congrega a los precandidatos opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay y Victoria Donda denunciaron al Gobierno Nacional por la realización de supuestos actos de campaña en plena veda electoral y pidieron a la Justicia que intime al Ejecutivo a cesar los mismos.

Ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, los precandidatos de la oposición denunciaron la violación del artículo 64 quárter del Código Electoral que prevé que "durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales".

En la presentación, pidieron que la jueza ordene al Ejecutivo "cesar en la inauguración de obras públicas y toda actividad en infracción" cometida.

Los denunciantes recuerdan que el mismo día que comenzó la prohibición de publicidad de actos de gobierno, el sábado pasado, la Presidenta "asistió a la inauguración de una planta potabilizadora de agua en el Partido de San Fernando construida por la empresa estatal AYSA" y en ese contexto habría pedido el voto de precandidatos oficialistas.

En el acto, según citaron los denunciantes, Cristina de Kirchner anunció sendas obras y aseguró: "En la vida hay que elegir, pero cuando uno elige, hay que elegir en serio pensando en el país".

También denunciaron que hizo lo propio en un acto que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Cañuelas el 29 de julio, donde con motivo de la inauguración de una fábrica de lavarropas, la Presidenta "pronunció un nuevo discurso en el cual detalló profusamente lo que ella considera logros de su gestión".

"La finalidad electoralista y orientada a promover la captación del sufragio a favor de sus candidatos a diputados y senadores nacionales queda al desnudo cuando la titular del Poder Ejecutivo Nacional en un tramo del discurso se refiere a la educación técnica y aparecen en "dúplex", a través de una videoconferencia un grupo de personas sentadas a lo largo de una mesa, presidida por los precandidatos a senador y diputado nacionales Daniel Films y Juan Cabandié, respectivamente", agregaron los denunciantes.

En ese sentido, pidieron que se resuelva "la prohibición de realizar actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en virtud de ello, solicitamos que se le ordene cesar de inmediato en toda actividad en infracción de la citada norma".

Por su parte, el precandidato a diputado nacional por UNEN Fernando "Pino" Solanas presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo a partir del acuerdo que suscribió la multinacional Chevron e YPF para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

La presentación fue "en la persona de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", a raíz del acuerdo que se suscribió semanas atrás con la multinacional.

"Los intereses nacionales -y el petróleo es representativo de esos intereses- no pueden estar expuestos a las decisiones arbitrarias del poder político ya que son claramente constitutivos de lo que es la soberanía de un país, y mucho menos que con el pretexto de una emergencia económica no individualizada, esos intereses sean desconocidos", sostiene la presentación.

La misma fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal y en ella Solanas reclama la inconstitucionalidad del decreto 929/13, que estrechó el acuerdo por la explotación petrolera en Vaca Muerta.

En la presentación, el precandidato aseguró que el acuerdo permite al Gobierno "disponer con total libertad y sin ninguna restricción reglamentaria de los bienes públicos, convirtiéndose el Poder Ejecutivo en un simple ejecutor de políticas que fueran diseñadas y propuestas por los acreedores externos".

"Además de afectar el patrimonio público, se pone en peligro el medio ambiente a través de un sistema cuestionado en muchas partes del mundo, prohibido en otras como en Francia, y que será usado por una petrolera que devastó pueblos enteros en el Ecuador", sostiene la misma.

ambito.com

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